El Gobierno de Estados Unidos ha demandado al Estado de California por poner en marcha leyes llamadas de santuario que evitan la colaboración de las administraciones públicas con la policía federal de inmigración. Se trata del enfrentamiento más grave hasta el momento entre el Gobierno de Donald Trump y el estado más poblado del país, convertido en epicentro de la resistencia institucional a todas las iniciativas del presidente.
La demanda puede acabar siendo el caso definitivo donde se dirima cuál es el papel de las administraciones locales y estatales en la política de inmigración. La inmigración es una competencia federal, y la policía que persigue a los indocumentados (ICE, por sus siglas en inglés), depende de Washington. Pero en un país con al menos 11 millones de personas indocumentadas la capacidad de detener y deportar de estos agentes es muy limitada.
Para echar a todos los indocumentados del país, como había prometido, el Gobierno de Trump dijo desde el principio que exigía la colaboración de todas las policías locales y estatales, que tienen las competencias de seguridad y las bases de datos clave. Y desde el día uno, las policías de la mayoría de las grandes ciudades del país se han negado a esa colaboración.
A esta política de no colaborar con ICE se le llama «santuario», un término sin verdadera definición legal que agrupa en general el criterio de no utilizar a la fuerza pública para perseguir inmigrantes.
