Pagar con billetes y monedas podría dejar de ser una opción en determinadas actividades económicas de México. El Congreso aprobó una nueva legislación que permite a la Secretaría de Hacienda decidir en qué sectores solamente se aceptarán pagos electrónicos. La medida forma parte de una estrategia para modernizar las transacciones, pero introduce un cambio importante: utilizar dinero digital podría dejar de ser una elección del consumidor. La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos recibió la aprobación definitiva del Senado el 20 de octubre de 2026 y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. Su objetivo declarado es ampliar el uso de tarjetas, transferencias bancarias, códigos QR y otros sistemas electrónicos. Sin embargo, una disposición permite ir mucho más allá de ofrecer alternativas al efectivo.
México no está prohibiendo los billetes y monedas en todo el país. La nueva legislación abre la posibilidad de excluirlos de determinadas actividades, que todavía deben ser identificadas por las autoridades. La diferencia resulta fundamental para entender qué cambia realmente y cómo podría afectar a millones de consumidores.
El artículo 13 permite establecer sectores sin pagos en efectivo
La disposición más importante aparece en el artículo 13 de la nueva legislación. Allí se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos serán la única modalidad aceptada.
Esto significa que, una vez definidas las actividades correspondientes y aplicadas las reglas necesarias, determinados establecimientos o servicios podrían dejar de recibir efectivo, aunque sus clientes prefieran utilizarlo.
La ley no contiene una lista definitiva de negocios afectados. Tampoco establece que todos los comercios deban rechazar inmediatamente los billetes y monedas.
El artículo 14 contempla la elaboración de disposiciones administrativas para establecer condiciones, requisitos y obligaciones. Las autoridades competentes también podrán fijar mecanismos y plazos para facilitar una transición gradual.
Por tanto, la aprobación legislativa no equivale a una prohibición inmediata. Antes deben concretarse las actividades afectadas y las condiciones bajo las cuales funcionará el nuevo sistema.
¿Cuándo comenzarán a exigir pagos digitales?
El calendario depende de la entrada en vigor de la legislación. Después de su publicación oficial, Hacienda contará con 15 días hábiles para realizar una primera determinación de los sectores estratégicos y actividades relevantes.
Posteriormente, las autoridades responsables tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas administrativas correspondientes.
Estos plazos no significan necesariamente que todos los establecimientos seleccionados deban eliminar el efectivo en treinta días. Las disposiciones pueden contemplar períodos de adaptación y requisitos específicos.
Hasta que se publiquen esas decisiones, no es correcto afirmar que las gasolineras, los estacionamientos, las autopistas o determinados comercios tendrán prohibido aceptar efectivo.
Algunos de esos sectores aparecen en el debate público como posibles candidatos, pero eso no equivale a una designación oficial.
La legislación también contempla una excepción importante: cuando una contingencia impida recibir pagos electrónicos, podrá utilizarse efectivo o cheque.
Esto resulta especialmente relevante ante interrupciones eléctricas, fallas bancarias o problemas de conectividad que dificulten las transacciones digitales.
El efectivo sigue siendo el medio de pago favorito de los mexicanos
La transformación propuesta enfrenta una realidad que las cifras oficiales permiten dimensionar.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, elaborada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 85,2% de las personas de entre 18 y 70 años utilizaba principalmente efectivo para compras de 500 pesos mexicanos o menos.
Para operaciones superiores a esa cantidad, la proporción alcanzaba 73,5%.
Los pagos electrónicos están creciendo, pero todavía representan una parte considerablemente menor de las preferencias cotidianas.
En las compras pequeñas, solamente 10,4% utilizaba principalmente tarjetas bancarias y 4,4% recurría a transferencias electrónicas o aplicaciones móviles.
Estas cifras muestran que digitalizar los pagos no consiste únicamente en instalar terminales bancarias. También requiere modificar hábitos, ampliar el acceso a servicios financieros y garantizar que las nuevas alternativas funcionen de manera confiable.
Las diferencias regionales complican todavía más el panorama. Mientras algunas ciudades disponen de múltiples opciones digitales, otras localidades dependen de conexiones inestables y una infraestructura bancaria limitada.
Qué ocurrirá con las personas que no tienen cuenta bancaria
La legislación busca aprovechar sistemas de pago existentes, como SPEI y CoDi, para facilitar transferencias y cobros electrónicos.
Desde la perspectiva gubernamental, reducir la dependencia del efectivo puede mejorar la eficiencia de las operaciones, facilitar la formalización comercial y disminuir determinados riesgos asociados al manejo de dinero físico.
Sin embargo, la aplicación obligatoria de pagos digitales plantea dificultades para personas que no tienen cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o conocimientos suficientes para utilizar aplicaciones financieras.
También puede representar costos adicionales para pequeños negocios que necesitan contratar conectividad, instalar terminales o asumir comisiones por determinadas transacciones.
Los sistemas digitales tampoco están exentos de problemas. Una falla eléctrica, una interrupción del servicio bancario o un error de conexión pueden impedir temporalmente una compra.
Aunque la ley contempla excepciones ante contingencias, su funcionamiento práctico dependerá de las reglas que establezcan las autoridades.
La cuestión no es solamente si México dispone de tecnología para pagar electrónicamente, sino si todos los consumidores podrán utilizarla cuando se convierta en requisito.
Una modernización que también genera controversia
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y aprobada en el Senado con el respaldo de la mayoría legislativa.
Sus defensores sostienen que ampliar los pagos digitales permitirá aprovechar mejor la infraestructura financiera existente y facilitará operaciones más rápidas y seguras.
Desde la oposición, legisladores del PAN cuestionaron especialmente la facultad concedida a Hacienda para determinar actividades donde el efectivo podría dejar de aceptarse.
También plantearon preocupaciones sobre los costos para pequeños comerciantes y la necesidad de garantizar alternativas para las personas que dependen del dinero físico.
El debate incorpora otra dimensión: la privacidad. Los pagos electrónicos generan registros de transacciones, mientras que el efectivo permite realizar muchas operaciones sin dejar un historial bancario individual.
Esa diferencia no convierte automáticamente los pagos digitales en inseguros, pero sí plantea preguntas sobre protección de datos, acceso a información financiera y derechos de los consumidores.
La nueva legislación establece el marco para una transformación importante, aunque todavía falta conocer su aplicación concreta.
México no ha eliminado el efectivo. Lo que hizo fue abrir una puerta legal para que determinadas actividades puedan funcionar exclusivamente con pagos digitales. Ahora corresponde a Hacienda decidir hasta dónde llegará esa transformación y qué garantías tendrán quienes todavía necesitan utilizar billetes y monedas.
