A mediados de noviembre de 2017, el Gobierno español constató que cuentas de redes sociales procedentes de Rusia y Venezuela estaban intentando intervenir en la crisis de Cataluña distribuyendo noticias falsas. Desde entonces, el Ejecutivo busca fórmulas para hacer frente a esta amenaza. Tras nombrar a Julia Alicia Olmo y Romero embajadora en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y Ciberseguridad, el primer gran paso será buscar un acuerdo con la Francia de Emmanuel Macron para crear un grupo conjunto de trabajo.
A pesar de las reticencias de la Comisión Europea a legislar para proteger las elecciones continentales de las ingerencias extranjeras —de las que el Gobierno y el PP han tomado buena nota— Francia está impulsando su propia ley para penalizar las desinformaciones en periodos electorales, un texto que está ya en proceso de estudio tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado.
España, por su parte, también se ha abierto a legislar en una materia que considera especialmente compleja, puesto que la necesidad de impedir la manipulación se entrecruza con el derecho a la libertad de opinión, expresión e información.
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