Con la declaratoria de ilegalidad que hizo el Ministerio de Transporte sobre la aplicación, se sobrevendrá una persecución legal y física contra conductores y empresas de servicio especial que la usan, quienes han dejado en claro que seguirán ofreciendo su servicio, pese al pronunciamiento oficial.
Por ello, lo que realmente entristece de la medida oficial es que defiende a todas luces los intereses de los poderosos dueños de empresas taxistas, antes que los de los usuarios. Como toda infidelidad: si les estamos ‘poniendo los cachos’ con Uber, señores taxistas, es porque nos dan algo que ustedes no. Y el problema no es de plata, porque Uber no es precisamente barato.
Esto no se trata de defender a Uber porque sí. Uber está lejos de ser la salvación del transporte en Bogotá. Es un negocio, de tantos, que ha estado siempre rodeado de la polémica. Sin embargo logró algo importante: abrirnos los ojos. Demostrarnos que, cuando se quiere, sí es posible obtener un servicio decente, honesto y de calidad; que no es normal movilizarse en un carro sucio, maloliente, que infringe las normas de tránsito. Que tampoco es normal que un conductor se exprese con malas palabras, escuchando emisoras que dan pena por su lenguaje. Que no es normal que nos digan en la cara “no, yo por allá no voy”, o que nos impongan una tarifa ‘al ojo’ o a través de un aparato a todas luces adulterado.
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