Hace unas semanas, el Knight First Amendment Institute demandaba ante la Corte Federal de Manhattan al presidente Donald Trump y a varios miembros de su gabinete, a causa del masivo bloqueo que venían realizando en Twitter contra usuarios críticos. El argumento de la entidad sin ánimo de lucro tenía como eje la naturaleza de la citada red social como «foro público según la Primera Enmienda», que tanto Trump como sus subordinados usan de manera constante para puentear a los medios y comunicarse directamente con el electorado, por lo que impedir que los usuarios damnificados puedan leer sus publicaciones y responderlas atentaría directamente contra la Constitución estadounidense (concretamente, afirman, contra «el derecho de toda persona a presentar opiniones disidentes sin temor a ser procesada»).
Pero ahora un tribunal federal de Virginia ha dictado una sentencia que afecta de lleno a la demanda del Knight First Amendment Institute: el juez de distrito James Cacheris ha dictaminado que Phyllis Randall, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun, violó el derecho a la libertad de expresión de una de las componentes del organismo, a la que bloqueó en Facebook después de que acusara a la Junta Escolar de Loudoun de corrupción. Cacheris considera que, dado que Randall actúa como cargo público en su página de Facebook, la supresión de comentarios críticos vulnera la Primera enmienda.
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