Una demanda federal presentada en Estados Unidos sostiene que la práctica creciente del gobierno norteamericano de inspeccionar laptops y teléfonos en la frontera es anticonstitucional porque los dispositivos electrónicos contienen información privada y de negocios. La Cuarta enmienda constitucional prohíbe las revisiones y confiscaciones no razonables y exige a la policía que las realice con orden judicial basada en una causa probable.
Sin embargo, las cortes han determinado excepciones para los aeropuertos y puntos de ingreso a Estados Unidos. Han resuelto que el gobierno puede realizar cateos sin orden judicial para aplicar las leyes de inmigración y aduanas y proteger la seguridad interior del país. la Fundación Frontera Electrónica y la Unión Americana por los Derechos Civiles presentaron la demanda en la corte distrital en Massachusetts en nombre de 10 ciudadanos.
Entre los demandantes hay un artista, dos periodistas, un cineasta, un profesor universitario, un empresario, un programador de computadora y un ingeniero de la NASA. A todos ellos los agentes de frontera les registraron sus dispositivos electrónicos cuando regresaron de viajes al exterior. Ninguno había sido acusado jamás de delito alguno. Los agentes confiscaron los aparatos y los conservaron durante semanas o meses. Uno de los objetos, confiscado en enero, no ha sido devuelto.
