Tras la aprobación de la “Ley Hamon” la pasada legislatura, Francia se convirtió en el primer país del mundo en abrir la puerta a las sanciones contra las prácticas de obsolescencia programada por parte de fabricantes de tecnología si éstos no avisan a los consumidores del tiempo de vida útil de los productos que adquieren (lo que busca penalizar su ocultación, más que la práctica en sí).
Gracias a eso, la asociación Halte à l’Obsolescence Programmée (‘Alto a la Obsolescencia Programada’) ha anunciado esta semana una demanda (la primera basada en dicha ley) contra cuatro grandes fabricantes de impresoras (Epson, HP, Canon y Brother) por la acusación de haber limitado deliberadamente el período de vida de sus equipos y “animar a los consumidores a comprarse nuevas impresoras en lugar de prolongar las vidas de las antiguas”, en palabras de Laetitia Vasseur, fundadora de la asociación.
Ahora, los directivos de estas compañías podrían tener que hacer frente, en el caso de ser hallados culpables, a modestas multas de 15.000 euros (si bien las penas máximas recogidas en la ley hablan de dos años en prisión y de multas de hasta 300.000 euros, a las que se suma la posibilidad de multar a las compañías a pagar el equivalente al 5% de sus ingresos promedios anuales de los últimos tres años). Sin embargo, el daño a las imagen de las compañías podría ser muy superior.
De entre los cuatro fabricantes demandados, la asociación HOP carga especialmente las tintas con Epson, a quien acusa de programar sus impresoras para dejar de imprimir cuando aún queda un 20% de tinta en su interior. Sobre la supuesta lucha de esta compañía contra los cartuchos desechables -a través de los depósitos de tinta EcoTank-, HOP critica que éstos cuesten lo mismo o más que la compra de una nueva impresora.
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