La censura parece haber cobrado una dimensión útil para el Gobierno nacional. En los últimos 15 años, el Ejecutivo ha trabajado por arrinconar a las empresas mediáticas disidentes, mientras fortalece a los pro oficialistas.
Lo más reciente: Conatel amenaza con sancionar a quienes transmitan las protestas en calle convocadas por la oposición. El resultado: Una autocensura comprobada que deja a la audiencia venezolana con las redes sociales y televisoras internacionales como las únicas ventanas de información al instante.
A solo 10 meses desde que el presidente Nicolás Maduro tomó el poder, gremios, ONG, comunicólogos y políticos alertan de la embestida hacia los medios de comunicación. Los problemas de importación de papel, la compra de empresas mediáticas, la fiscalización de contenidos en televisión y la reformulación de los organismos reguladores presagian de la nueva política comunicacional que se emprende desde Miraflores.
